El actual proceso de negociación política que se desarrolla en La Habana (Cuba) entre la más longeva de las fuerzas insurgentes de Colombia (FARC-EP) y el Estado Colombiano (representado por el gobierno Santos),  está ad portas del acuerdo final, luego del significativo acontecimiento del pasado 23 de junio con el que se firmó solemnemente “El acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas”, “…sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo…, y ”acuerdos sobre refrendación”.

A este importante logro en el proceso complejo de negociación política cuyo objeto es encarar la construcción de la paz en nuestro país y,  asumir por todos, la responsabilidad de aportar a las necesarias transformaciones que reclama nuestra sociedad en múltiples y fundamentales aspectos que la hagan vivible, incluyente, prospera y con justicia pronta y cumplida, le antecede el propósito común de las partes de brindar seguridad jurídica (blindaje) al acuerdo final que se ha de pactar,  sancionado en el mes de mayo de este año que cursa.

La dinámica desatada por la interacción negociadora de gobierno y Farc,  ha ensanchado el torrente de la participación dialogal de diferentes actores de la sociedad en torno al curso de este acontecimiento y el impacto que va surtiendo, así como la eventual suerte final del mismo y la del país. Vale destacar como desde julio del 2015, exactamente desde el 20 de ese mes hasta hoy, en virtud al cese unilateral del fuego declarado por la Farc, ha venido sostenidamente descendiendo los hechos violentos y con ello, la muerte de compatriotas por factores asociados al conflicto armado. Esta tendencia se fortalece con el más reciente acuerdo.

Sin firmarse aún el acuerdo final de paz, ya se muestran los contundentes beneficios para la vida de nuestra gente y para la integridad de la diversidad ecosistémica del país! al ritmo de  los avances parciales que en dicho proceso se van concretando. Por esta sencilla razón, y por la inversión que supone se ha de operar en el post-acuerdo al dejar atrás las demandas arrasadoras y perniciosas provocadas por la guerra, no hay dudas que el mayor argumento a favor de la paz, y por lo que habría que votar con un sí pleno el plebiscito por la paz (como mecanismo de refrendación popular de los acuerdos finales), es la esperanza de cambios a favor de la vida, la reconciliación, y la solidaridad en torno a los aportes, a la construcción de la nueva sociedad. Y es este el gran desafío de todos, no sólo del gobierno y los excombatientes que transitarán a organización política para participar en el marco de una democracia renovada a definir los destinos del país, y su eventual acceso al poder por vía electoral.

Sólo quienes han quedado prisioneros de la pulsión de thanatos, y sienten realizarse en la destrucción al interiorizar la degradación moral que supone su crueldad, seguirán añorando con vehemencia la guerra, y en función de ella tributarán odio y revancha. Tales sentimientos cruzados con intereses potenciados por la excepcionalidad y el caos de la confrontación armada, han mutado políticamente en posturas extremas, irracionales contra toda posibilidad de poner término al combate fratricida.  Y sus argumentos para justificarla son la mentira, la mezquindad y el miedo.

Saludable es, a propósito, el relativo viraje de sectores políticos de la derecha colombiana opuestos cerreramente al actual proceso de paz, que sugieren a sus correligionarios “no llorar sobre la leche derramada”, y ante la irreversible nueva realidad, “…doblar la página” (Mendoza, P, 1 de julio del 2016.  Hay que doblar la página. El Tiempo, pág. 17)

Ramiro del Cristo Medina Pérez

Santiago de Tolú,  inicios de julio del 2016