El actual proceso de negociación
política que se desarrolla en La Habana (Cuba) entre la más longeva de las
fuerzas insurgentes de Colombia (FARC-EP) y el Estado Colombiano (representado
por el gobierno Santos), está ad portas
del acuerdo final, luego del significativo acontecimiento del pasado 23 de
junio con el que se firmó solemnemente “El acuerdo sobre el cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas”, “…sobre garantías
de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de
homicidios y masacres o que atenten contra los defensores de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus
redes de apoyo…, y ”acuerdos sobre refrendación”.
A este importante logro en el
proceso complejo de negociación política cuyo objeto es encarar la construcción
de la paz en nuestro país y, asumir por
todos, la responsabilidad de aportar a las necesarias transformaciones que
reclama nuestra sociedad en múltiples y fundamentales aspectos que la hagan
vivible, incluyente, prospera y con justicia pronta y cumplida, le antecede el
propósito común de las partes de brindar
seguridad jurídica (blindaje) al acuerdo final que se ha de pactar, sancionado en el mes de mayo de este año que
cursa.
La dinámica desatada por la
interacción negociadora de gobierno y Farc,
ha ensanchado el torrente de la participación dialogal de diferentes
actores de la sociedad en torno al curso de este acontecimiento y el impacto
que va surtiendo, así como la eventual suerte final del mismo y la del país.
Vale destacar como desde julio del 2015, exactamente desde el 20 de ese mes
hasta hoy, en virtud al cese unilateral del fuego declarado por la Farc, ha
venido sostenidamente descendiendo los hechos violentos y con ello, la muerte
de compatriotas por factores asociados al conflicto armado. Esta tendencia se
fortalece con el más reciente acuerdo.
Sin firmarse aún el acuerdo final
de paz, ya se muestran los contundentes beneficios para la vida de nuestra
gente y para la integridad de la diversidad ecosistémica del país! al ritmo de los avances parciales que en dicho proceso se
van concretando. Por esta sencilla razón, y por la inversión que supone se ha
de operar en el post-acuerdo al dejar atrás las demandas arrasadoras y
perniciosas provocadas por la guerra, no hay dudas que el mayor argumento a
favor de la paz, y por lo que habría que votar con un sí pleno el plebiscito por la paz (como mecanismo de refrendación
popular de los acuerdos finales), es la esperanza
de cambios a favor de la vida, la reconciliación,
y la solidaridad en torno a los
aportes, a la construcción de la nueva sociedad. Y es este el gran desafío de todos,
no sólo del gobierno y los excombatientes que transitarán a organización
política para participar en el marco de una democracia renovada a definir los
destinos del país, y su eventual acceso al poder por vía electoral.
Sólo quienes han quedado
prisioneros de la pulsión de thanatos, y sienten realizarse en la destrucción
al interiorizar la degradación moral que supone su crueldad, seguirán añorando con
vehemencia la guerra, y en función de ella tributarán odio y revancha. Tales
sentimientos cruzados con intereses potenciados por la excepcionalidad y el
caos de la confrontación armada, han mutado políticamente en posturas extremas,
irracionales contra toda posibilidad de poner término al combate fratricida. Y sus argumentos para justificarla son la
mentira, la mezquindad y el miedo.
Saludable es, a propósito, el
relativo viraje de sectores políticos de la derecha colombiana opuestos cerreramente
al actual proceso de paz, que sugieren a sus correligionarios “no llorar sobre
la leche derramada”, y ante la irreversible nueva realidad, “…doblar la página”
(Mendoza, P, 1 de julio del 2016. Hay
que doblar la página. El Tiempo, pág. 17)
Ramiro del Cristo Medina Pérez
Santiago de Tolú, inicios de julio del 2016
